Se ven mermados los recursos de la clínicas hasta llegar al endeudamiento con los bancos o atrasarse en el pago de otros servicios

Preocupación en clínicas de diálisis por falta de pago

La enfermedad renal crónica afecta a cerca del 10% de la población mundial y, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en Ecuador se contabilizan 6.611 enfermos con esta patología crónica.

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Hasta que llegue un donante compatible de riñón, los enfermos con insuficiencia renal crónica se apoyan en el único tratamiento que pueden recibir para vivir, la diálisis, y durante cuatro horas, tres veces a la semana, tienen que estar conectados a una máquina para poder eliminar las toxinas de la sangre.

Esta es la situación en la que se encuentran 2.419 pacientes, que reciben tratamiento de hemodiálisis y diálisis en una de las 26 clínicas que prestan sus servicios al Ministerio de Salud (MSP) en Guayas, Santa Elena y Los Ríos. Sin embargo, existe un retraso de cuatro meses (junio-septiembre) en el pago de estos servicios y se acrecienta la preocupación de los administradores de estos centros, que ven mermados sus recursos y en algunos casos, se han visto obligados a hacer convenios con los proveedores, endeudarse con los bancos o incluso atrasarse en el pago de otros servicios para no interrumpir la atención a estos enfermos.

El pasado 6 de octubre, un grupo de pacientes y algunos representantes de las clínicas se reunieron en el edificio Joaquín Gallegos Lara de la Coordinación Zonal 8 de Salud para buscar una solución. Ese día se acordó el pago de un mes o dos meses atrasados en algunos casos, lo que se cumpliría al día siguiente. Gracias a ese pequeño adelanto, algunos centros, que prefieren mantenerse en el anonimato por temor, han adquirido recursos como filtros desechables o kit de mangueras que durarán hasta mediados de noviembre. Sin embargo, si no les cancelan todo lo adeudado, los administradores no podrán hacer frente los gastos.

La ministra de Salud, Carina Vance, reconoció la existencia del retraso en el pago, pero advirtió que el Ministerio no iba a trabajar con clínicas que amenazaran a los pacientes diciéndoles que no los iban a atender.
En los sueldos estamos al día, pero debemos al IESS, al SRI, y ya viene diciembre, un mes crítico porque hay que pagar el décimo tercer sueldo”, comenta el director de una clínica, que prefirió la reserva. Y sostiene que, a pesar de todo, jamás dejaron de dar el servicio ni fue esa su intención. Es por ello que ni él ni otros administradores entienden por qué Yolanda Salcedo, coordinadora Zonal 8 de Salud, interpuso una medida cautelar a seis clínicas para que siguieran prestando el servicio y se abstuviesen de adoptar cualquier medida que impidiera dicha atención.

Finalmente, el pasado jueves 8 de octubre, La Coordinación Zonal 8 de Salud convocó a 19 representantes de clínicas para escuchar sus posturas y se llegó supuestamente al compromiso de que a finales de este mes de octubre les pedirían las facturas correspondientes a los meses de junio y julio (el Ministerio paga $112 por sesión de hemodiálisis y $1.456 al mes por paquete de hemodiálisis (14 sesiones) por paciente, de acuerdo al tarifario).

Pero eso no implica el pago inmediato. El Ministerio tiene auditados y aprobados los documentos hasta agosto. Pero esos documentos tienen que enviarlos al Ministerio de Finanzas para su trámite. Ahí estaría la traba”, comenta uno de los administradores, quien cree que esperar más de 60 o 90 días ya no sería razonable.

Pero no sólo están preocupados los administradores. El temor en los pacientes renales también está latente, ya que si no reciben el tratamiento determinados días o alguna semana podría llegar a ser mortal, como comenta Dora García, presidenta de la Asociación de Enfermos Renales del Ecuador, o como señala María C., quien lleva cuatro años recibiendo hemodiálisis, “es nuestra vida la que está en juego”.

Por otro lado, el director de una de las clínicas señala que se necesita trabajar en la prevención de esta enfermedad, atendiendo integralmente a la población en riesgo, como hipertensos, diabéticos y mayores de 60 años, con exámenes para detectarla.

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