Expondrán altos funcionarios de los ministerios de Salud de Chile, Colombia, Argentina y Ecuador para analizar y discutir de manera general las implicaciones y desafíos que se presenta en el derecho a la salud

En Quito se desarrolla Foro Internacional sobre el Derecho en el acceso a medicamentos

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Este viernes 13 de octubre, el Ministerio de Salud Pública, en conjunto con el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS) y la Organización Panamericana de la Salud, organizan el “Foro Internacional sobre Derechos en el acceso a medicamentos: La judicialización de la salud”, que tiene como objetivo analizar con los administradores de justicia, legisladores, defensores públicos, profesionales de la salud y miembros de la academia, las diversas temáticas relacionadas con el acceso equitativo a los medicamentos y otras tecnologías sanitarias.

Durante el encuentro, expondrán altos funcionarios de los ministerios de Salud de Chile, Colombia, Argentina y Ecuador para analizar y discutir de manera general las implicaciones y desafíos que se presenta en el derecho a la salud, y además proponer políticas públicas para garantizar un nivel adecuado de cuidados sanitarios.

Autores internacionales referencian que el fenómeno de la judicialización y su incremento de demandas es un dilema que viene aumentando exponencialmente, y representa una alta potencialidad de interferencia negativa en la gestión de los servicios de salud, toda vez que el ámbito judicial puede obligar a otorgar medicamentos de bajo impacto terapéutico y alto impacto económico, motivo por el cual no ha sido incluido en las previsiones operacionales y financieras elaboradas técnicamente por los gestores de salud.

Asimismo, la resolución CD55/10 del Consejo Directivo de la OMS, emitida el 28 de septiembre de 2016, evidencia que: “Pese a los esfuerzos y la inversión realizados por los Estados Miembros para mejorar el acceso a los medicamentos, en varios países se han presentado demandas judiciales de pacientes o grupos de pacientes para forzar a sus gobiernos a proporcionar acceso a estos productos (proceso que a veces se denomina judicialización de la salud). En algunos casos, las demandas judiciales pueden efectivizar el acceso a productos o procedimientos médicos. Sin embargo, con frecuencia el uso de algunos de estos productos o procedimientos no se sustenta en la mejor evidencia científica disponible ni en decisiones sobre la eficacia o la costo-efectividad”.

En la misma resolución se cita que: “estas prácticas tienen un impacto importante en la calidad de la atención y en el incremento del gasto en medicamentos, así como en la sostenibilidad de los sistemas de salud”. Por ejemplo, “en el 2012 se abordó el problema de los litigios relacionados con la salud en América Latina y se cuantificó el gasto en medicamentos en Brasil relacionado con procesos judiciales en $550 millones para el año 2010. En ese mismo año en Colombia se interpusieron 95.000 demandas judiciales y el costo directo de los litigios para su régimen contributivo ascendió a $300 millones.

En Brasil se estimó que 35% del presupuesto de medicamentos y 4,3% del presupuesto total de salud corresponde al gasto en medicamentos a causa de litigios, y en Colombia en el año 2012 los fallos judiciales representaron un impacto sobre las finanzas del sector de la salud que ascendió al 1% del PIB. Las acciones judiciales generan dificultades en la priorización y la distribución equitativa de los recursos disponibles para medicamentos y otras tecnologías sanitarias”.

La jornada será de 08:30 a 17:00, iniciará con el registro de participantes, posteriormente se desarrollará el acto de inauguración en el que participarán Verónica Espinosa, ministra de Salud; Augusto Barrera, secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura; Ramiro Rivadeneira, Defensor del Pueblo; Ernesto Pazmiño, Defensor Público General del Ecuador; William Garzón, presidente de la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional; Eduardo Álvarez Reyes, jefe de la División Jurídica del Ministerio de Salud de Chile; Juan Fernando Romero, representante del Ministerio de Salud Pública de Colombia; Luis Alfredo Juez, embajador de la República de Argentina; Yuri Chillán, jefe de gabinete de la UNASUR; Gina Tambini, Representante de OPS en Ecuador y más de 200 participantes.
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