La joven fue infectada mientras le practicaban una transfusión de sangre en una clínica privada de Cuenca

El Estado ecuatoriano hallado responsable de que una joven se infectara con VIH durante una transfusión

En la sentencia se insta al Estado a brindar gratuitamente el tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico a Talía G., incluyendo los medicamentos

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Talía G. se enteró que era portadora del VIH al haber sido infectada a mientras le practicaban una transfusión de sangre en una clínica privada de Cuenca en 1998.

La joven, que tenía 12 años, presentó una hemorragia nasal y al notar que no paraba, su madre la llevó a una casa de salud privada para que la revisaran, pero no había un especialista disponible, por lo que tuvieron que ir a otra clínica donde fue diagnosticada con un trastorno hemorrágico. El especialista ordenó una transfusión de sangre y plaquetas.

La madre acudió al Banco de Sangre del Azuay de la Cruz Roja Ecuatoriana. Allí le indicaron que debía llevar donantes y lograron el apoyo de tres personas conocidas, como consta en el expediente del caso, que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el documento se identifica al portador como HSA. Él fue al Banco de Sangre. Una auxiliar de enfermería se encargó de la extracción y esa misma noche se hizo la transfusión, ya que según los médicos era urgente.

Sin embargo, el pasado 5 de enero de 2016, Freddy Carrión, asesor jurídico de la Cruz Roja, aseguró que nunca se comprobó que la sangre entregada a esa institución estuviese infectada y cree “imposible” que haya sido de HSA, pues en 1998 una muestra tenía que pasar un proceso de 45 días antes de una transfusión.

Tal y como se registra en el expediente del caso, al siguiente día de la transfusión, el personal de Bioquímica del Banco de Sangre examinó la muestra de HSA. Unos 15 días después se llamó al donador para realizarle nuevos análisis de sangre, ya que los frascos que contenían las muestras anteriores “se habían regado”. Pero una semana después, HSA se enteró que tenía VIH. Talía G. fue dada de alta el 29 de junio y siete días después fue con su madre a un control de rutina. Fue entonces cuando el especialista le solicitó un análisis de VIH y dio positivo. En ese momento, la vida de su familia cambió ya que “en esos años había muchos mitos alrededor del VIH”, indica uno de sus abogados, uno de sus abogados. De hecho, cuando Talía G. entró a la escuela, en una institución pública, la separaron por miedo al contagio de docentes y estudiantes y tuvo que esconder su condición para terminar sus estudios primarios y secundarios.

Desde septiembre de 1998, la madre empezó una serie de acciones penales y civiles en contra del médico, la auxiliar que tomó las muestras y los representantes del Banco de Sangre. El caso penal terminó con una orden de captura para la auxiliar, que no pudo ser ejecutada pues la persona dejó el país y prescribió la acción. El caso civil, en el que se reclamaba una indemnización por daños y perjuicios, no tuvo lugar por falta de una sentencia penal para la Cruz Roja.

El 26 de junio del 2006, el caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el 1 de septiembre del 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable al Estado ecuatoriano por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la educación de Talía G. Así como por la violación de la obligación de fiscalización y supervisión de la prestación de servicios de salud, en perjuicio de Talía G. y por la violación del derecho a la integridad personal de Teresa L. e Iván L., hermano de la víctima.

En la sentencia se insta al Estado a brindar gratuitamente el tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico a Talía G., incluyendo los medicamentos. También becas de estudios universitarios de pregrado y posgrado no condicionadas a su desempeño académico y una vivienda, en el plazo de un año, que se cumple en septiembre del 2016.

Asimismo, Ecuador deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del titular del Ministerio de Salud y llevar a cabo un programa para capacitar a funcionarios sobre mejores prácticas y derechos de los pacientes con VIH. Por último, en el plazo de un año, el Estado debe pagar una cantidad de dinero (no especificada en el expediente) por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, así como por el reintegro de costas y gastos, según se indica en el fallo.

Actualmente, Talía G. recibe medicación antirretroviral por parte del Estado, pero todavía no se ha cumplido con la atención psicológica y las medicinas por afecciones alérgicas que el virus ha ocasionado.

El Estado cuenta con ocho meses para cumplir la totalidad de la sentencia y, por su parte, la Cruz Roja confirmó que el Ministerio de Salud ha solicitado su colaboración para el desarrollo de la campaña, en base a un estricto proceso para evitar contagios. Según datos del Ministerio de Salud, en julio de 2015, cerca de 14.363 personas con VIH recibieron atención y medicinas en las unidades de salud públicas.
..Susana Calvo

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